*Con su Constitución, ahora la ciudad le pertenece a sus habitantes, aún sean estos extranjeros o de paso, no sólo a los ciudadanos, afirma la consejera Electoral Gabriela Williams
Ciudad de México, a 16 de febrero de 2017.- Luego de ponderar los avances que encaminan a la Ciudad de México a tener herramientas para una mayor democracia, el presidente de la COPARMEX-CDMX, Jesús Padilla Zenteno destacó que ahora el reto será para la Asamblea Legislativa del Distrito Federal al tratar de armonizar el texto de la Constitución con las leyes secundarias “para resolver la multiplicidad de las necesidades de quienes vivimos y hacemos negocios en la Ciudad de México”.
Por su parte, la consejera Electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), Gabriela Williams, aseguró en el foro que ese órgano coorganizó con el Centro Empresarial, que “existe un gran cambio porque el eje central del texto es el empoderamiento de la ciudadanía en los asuntos públicos”.
Claudia Guzmán, dirigente de las mujeres empresarias de COPARMEX-CDMX aseguró que el establecimiento de derechos económicos en la ciudad tendrá repercusiones de largo aliento para impulsar el crecimiento y no el incentivo para hacer de esta ciudad el lugar donde se mejora la situación para la generación de mayor pobreza, luego de recordar que la capital mexicana está dentro de las 16 en desarrollo de las 26 grandes ciudades del mundo.
Al iniciar el Foro «Nueva perspectiva de los derechos en la Ciudad de México» organizado conjuntamente entre COPARMEX-CDMX y el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), Padilla Zenteno consideró que “se logró ganar terreno con la aprobación del retiro del fuero, la revocación de mandato, la autonomía presupuestal de las alcaldías, la creación del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, además de la conformación de Zonas Especiales de Comercio Popular”.
“Esto documento final —rescató—, tiene todas las soluciones a una Ciudad que exige un modelo de proyección urbana, de movilidad, de planeación, de desarrollo económico y social con no sólo las aspiraciones de un pasado idealizado, sino la visión de un futuro próspero y sostenido”.
Pues una vez más, expresó el dirigente empresarial, enfatizamos como observadores que la perspectiva para la Asamblea Legislativa se vislumbra complicada de no iniciar con diligencia los trabajos de aprobación de la ley que regirá las elecciones del 2018. Ahora queda en la Asamblea Legislativa la responsabilidad de armonizar este valioso documento”, recalcó.
La Constitución, dijo, debe ser observada “como el instrumento que garantice la institucionalidad financiera y económica, que combata la polarización de los sentimientos ciudadanos desgastados en sus bolsillos, con leyes complementarias que verdaderamente faculten la capacidad de recuperar el poder adquisitivo, mejore los servicios públicos que estarán a cargo de las nuevas Alcaldías, además de leyes respetuosas con el patrimonio y la riqueza que la propia Ciudad genera”.
Al hablar del empoderamiento ciudadano, la consejera Williams hizo referencia a que “la nueva constitución ya le pertenece a los habitantes, ya no sólo a la ciudadanía que son los mayores edad; y también a las personas extranjeras de paso les pertenece esta ciudad”.
También recordó que “el sector empresarial ha tenido al menos tres momentos importantes en la construcción de la democracia en la Ciudad de México, como cuando empezaron a pedir vetos en los presupuestos públicos, cuando comenzaron a impulsar las leyes de transparencia y sobre todo en la creación de la democracia en la CDMX. Han sido unos grandes aliados en el fortalecimiento de esta gran ciudad y en la democracia”.
Dijo que sin duda se trata de crear nuevas formas y prácticas de la gestión púbica donde la autoridad va a estar sujeta a nuevos mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y fiscalización muy importantes.
Claudia Guzmán también hizo énfasis en que las leyes secundarias deben propiciar un claro ejercicio de la administración pública eficiente y de inmediata respuesta a la competitividad porque, de no lograrlo, se seguirá condenando a las consecuencias directas de una democracia económicamente devastadora, a la polarización política, la corrupción desmesurada y al debilitamiento de la democracia”.
Héctor Juan Villarreal, experto economista del Tec de Monterrey comentó que el gobierno central y las alcaldías van a tener tensiones políticas severas, ya que no existe una Ley de Coordinación Fiscal», mientras que Thalía Viveros Uehara, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, explicó que «deberá darse una reflexión crítica sobre retos que se deben resolver porque desde la perspectiva de los derechos humanos, los derechos económicos son aquellos que permiten el bienestar de la población».
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