Ciudad de México.- Un grupo de aproximadamente 300 habitantes de varios pueblos de Milpa Alta acudieron este mediodía a las oficinas de la SEMARNAT para exigir la renuncia de su titular Rafael Pacchiano Alamán porque afirman que el funcionario mandó clausurarles una gasera por ellos consentida mediante el método de Usos y Costumbres.
La gasera les permite adquirir pequeñas cantidades del combustible como ayuda a su deteriorada economía en una delegación donde 25 por ciento de sus pobladores gana un salario mínimo o menos, mientras el funcionario goza de unas percepciones brutas que ascienden a $205,122.05, es decir, 86 veces el salario mínimo vigente.
Gerardo Moreno, portavoz de los habitantes de Tláhuac, destacó que también exigen la renuncia del Jefe Delegacional Jorge Alvarado Galicia, quien no sólo ha consentido que exista una mayor violencia y penetración de la delincuencia en Milpa Alta, sino que gobierna no para los pobladores en general, sino para sus intereses particulares y de grupo, afectando la economía de la delegación, ya que permite y tolera la existencia de pipas que expenden el gas LP en el camino a Villa Milpa Alta.
Los milpaltenses dieron a conocer que hace 10 años, en 2007 también la delegación clausuró la misma gasera y que por el método de Usos y Costumbres porque son un pueblo originario, el 19 de febrero de ese año se realizó una asamblea de comuneros y comuneras entre los que se llegó a los siguientes acuerdos: 1) “La Asamblea manifiesta su descontento con la clausura de la gasera”; 2) “La Asamblea se manifiesta a favor de que siga dando el servicio de manera permanente en favor de la economía del pueblo, ya que las otras empresas que dan el mismo servicio tienen precios muy altos que repercuten en la economía familiar”; 3) “que la empresa brinde un buen servicio y seguridad del suministro”.
“Así, sin mayores conflictos retóricos es como se arreglan las cosas en nuestros pueblos. Y así se arregló aquella ocasión. Sin embargo, hoy consideramos que también existe alguna injerencia del Jefe Delegacional en Milpa Alta, Jorge Alvarado Galicia, en la clausura de esta gasera porque sabemos de personas bien informadas, incluso de la propia delegación, está tomando dinero de otras más”.
Moreno recordó que Milpa Alta “es la delegación con mayor marginación y menor desarrollo humano en la Ciudad de México, además de registrar el mayor porcentaje de población analfabeta, así como también de viviendas sin energía eléctrica, la mayor tasa de mortalidad infantil, el mayor porcentaje en pobreza alimentaria. El 93% de la población es jornalero o peón”
Una comisión de 8 personas, entre ellas la gerente de la gasera Oztogas, Argelia Zamora, vecinos de la demarcación, y algunos líderes comunitarios como Abel Meza, del grupo sociopolítico “Plan de Ayala”, manifestaron a los funcionarios que los recibieron que “es una necedad cerrarles la gasera a los dueños porque es el único combustible al que puede acceder la gente más pobre de San Pablo Oxtotepec.
A ellos no les importa si los dueños pagaron sus impuestos o “están derechos”, lo que necesitan es poder tener sus 50 pesos de gas para poder hacerles el desayuno a sus hijos. Cuando llegaron las inspectoras, un grupo ya quería sonar las campanas y llamar a la gente a detenerlas, pero hubo cordura para evitar cualquier problema que no se pueda controlar. La gente está enojada. No queremos que la gente se encrespe, queremos soluciones prácticas y sensibles”, destacó el vocero.
Atentamente y con formalidad los funcionarios escucharon las molestias de los representantes de los pobladores, en las instalaciones de la SEMARNAT, ubicadas en la avenida Ejército Nacional de la Ciudad de México. Javier Govea Soria, Director general de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, así como Fernando Xicóntencatl Camacho Álvarez, Director General de lo Contencioso de la misma dependencia (ambos funcionarios cuyo salario neto es de $79,818.27), explicaron que la gasera debe cumplir con requisitos que marca la Ley y que, para comenzar, hay requisitos que todavía no existen en la normatividad.
No hubo compromiso de abrir la gasera y quitar los sellos inmediatamente, como solicitaban los manifestantes, en la minuta resultante de la reunión. La autoridad dio plazo de 3 días para que los dueños presenten documentos que testifiquen que han recibido autorizaciones, permisos o consentimiento de otras autoridades para operar en la zona.
