Por: Benito Juárez Ramirez
* Población indígena desprotegida: ARI
Zongolica, Ver.- El dirigente de la Alianza Regional Indígena, Claudio Castillo Pacheco, acusó que en la Fiscalía de Distrito de Zongolica, la población indígena que demanda justicia se enfrenta con un muro de corrupción y actos deshonestos.
Lamentó que el fiscal de distrito, Héctor Igor Aguilar Aguilar, no se dé cuenta de la forma en que está operando el personal de la Unidad Integral de Procuración de Justicia, quienes piden dinero a cambio de acelerar el procedimiento judicial que se requiera.
Concretamente se refirió al caso de la señora Rosa Atlahua Acahua, que asesinaron hace unos días, en Barrio Tercero, en el municipio de Mixtla de Altamirano y donde un perito de nombre Luis Enrique exigió a los familiares de la víctima la cantidad de 450 pesos, sólo para revisar el cuerpo.
Aseguró que no es la primera vez que denuncian este tipo de actos de corrupción en contra de las familias de condición humilde, de la región montañosa de Zongolica.
Indicó que Zongolica es considerado como un municipio de tercera, porque en la Unidad Integral de Procuración de Justicia hay carencia de fiscales itinerante y facilitadora, psicóloga, trabajadora social, traductor certificado y sólo hay médico legista, para todos los municipios de la región náhuatl.
En cuanto a la Sala de Juicios Orales, también se debe investigar la corrupción que se fomenta desde el interior de ese tribunal, mientras que en el Juzgado Mixto, existen vicios muy arraigados con el personal que tiene muchos años en servicio, como el caso de la Secretaria del Juzgado, Lucrecia Guerra, quien goza de privilegios e impunidad.
Señaló que en mesas de trabajo que han sostenido con autoridades del Gobierno del Estado, la Alianza Regional Indígena ha solicitado que el personal que llega a los lugares donde se imparte justicia sean personas con el perfil profesional calificado, además de que dominen la lengua materna y sobre todo que sean originarias de la Sierra de Zongolica.
