Pluma Negra

Opinión

JOSÉ CALZADA
QUIEBRA EL OPLE
Esta semana las oficinas centrales del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz y las de los 30 distritos electorales ya no tuvieron ni para papel de baño, y pronto les empezarán a cortar los servicios como el agua, energía eléctrica y teléfono. En una acción desesperada, el presidente de ese organismo Alejandro Bonilla Bonilla dirigió un oficio al gobernador Javier Duarte de Ochoa para reclamar 144 millones 783 mil 109 pesos que corresponden a los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto, el último abono de la Secretaría de Finanzas y Planeación fue el 19 de mayo pasado.
La falta de recursos al OPLE, es parte de la crisis financiera que padece el gobierno del estado por su mala administración en casi todos los sectores, y dentro de los afectados se encuentran los partidos políticos que viven de las prerrogativas consideradas en el Capítulo 4000 del Código Electoral de Estado de Veracruz y que en agosto tampoco les entregaron ni un abono pequeño. Los partidos políticos han emprendido acciones legales en contra del propio OPLE y de Sefiplan por la falta de pago que los tiene al borde la quiebra.
Mientras que, en el OPLE, la falta de ministraciones llevó a la escasez tal que esta semana se retiraron los elementos de la IPAX que custodiaban los paquetes electorales, es decir, está a la deriva todo el organismo y no tienen para la nómina, la desesperación y el caos se registrarán en la próxima semana, se espera que de manera paralela se realicen acciones legales y de presión por parte de todos los integrantes del OPLE y de los partidos políticos.
Al mes de agosto, el OPLE debió recibir 827 millones 59 mil 783 de los cuales sólo recibió 683 millones 272 mil 674 pesos en diversas e irregulares exhibiciones que llevaron a la quiebra financiera al organismo organizador de las elecciones.
El problema se aumenta porque aún existe actividad en el Consejo General y en todos los consejos distritales que requieren de recursos para la operación con recursos etiquetados dentro del presupuesto del 2016 y que forman parte del programa de ministraciones al órgano electoral de Veracruz.
Pero sin duda, el mayor impacto económico de esta deuda, es con los 500 trabajadores del OPLE en todo el estado que desde hace cinco quincenas no cobran su sueldo y la desesperación los llevará a las demandas legales y movimientos que complicarán más el periodo de transición de gobierno de Javier Duarte de Ochoa a Miguel Ángel Yunes Linares.
A los partidos políticos les adeudan 21 millones 903 mil 458 pesos también programados para este año y que no llegan ante la desesperación de dirigentes que mantienen sin pagos a sus colaboradores en sus respectivos comités estatales y municipales en todo Veracruz.
El cuete estallará en casa, los proveedores del gobierno del estado ya se acostumbraron a no recibir pagos y algunos quedaron conformes al ser enlistados en la lista de los recursos del 3 por ciento a la nómina aprobado por los legisladores, pero los empleados del OPLE y los partidos políticos romperán el orden en cuestión de días.
Por si fuera poco, el OPLE tiene encima el arranque del proceso electoral 2016-2017 para renovar las 212 alcaldías veracruzanas y en medio de la crisis, el Consejo General que deberá iniciar en los primeros 12 días de mes de noviembre.
SE VEIA VENIR
Ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió dar marcha atrás a la decisión del Congreso Local de Veracruz para variar el uso de los recursos recaudados del impuesto del 3 por ciento a la nómina para el pago a proveedores del gobierno del estado, en vez de su original destino que es el fomento a la obra pública en la entidad.
En el pasado periodo de sesiones, el PRI y sus aliados aprobaron por mayoría calificada la modificación al fideicomiso del 3 por ciento a la nómina para crear dos instrumentos más que tendrían la función de administrar los recursos de ese sector a través de cuentas bancarias y utilizarlos para cubrir una lista de proveedores que reclaman pasivos con la administración estatal de Veracruz.
En esta ocasión la acción de Inconstitucionalidad fue promovida por el ayuntamiento de Boca del Río, que preside Miguel Ángel Yunes Márquez y forma parte de una batalla más de la guerra que libra la familia Yunes en contra del gobernador Javier Duarte de Ochoa en los mediático y las acciones legales.
Con esta acción legal promovida en la SCJN los Yunes ganan una batalla, pero mantienen el temor de que Omar Yunes sea detenido por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. Al grado de que esta semana promovió un amparo para defenderse y evitar cualquier acción de la justicia que lo ponga tras las rejas.
Plumanegra12@gmail.com

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