Por: Jacinto Romero Flores
Rafael Delgado, Veracruz. – Luego de darse a conocer públicamente la situación del campo deportivo en la congregación de Jalapilla, por parte del encargado del predio de nombre Marcelo Castillo, un grupo de ciudadanos que se ostentan como “Vecinos del Fundo Legal de Jalapilla” dieron a conocer su versión en un escrito respecto al estado que guarda el predio en cuestión.
Aseguran que, el campo deportivo se encuentra en el fundo legal de la Congregación de Jalapilla perteneciente al municipio de Rafael Delgado, no es ejido ni es propiedad privada, en otro punto del escrito, dice que el fundo legal nace por decreto del Gobierno del Estado en el año de 1932. Este Decreto de encuentra inscrito y puede ser localizado en el Registro Público de la Propiedad con número 640 de la primera sección del año 1938.
En el plano croquis del Fundo Legal también del año de 1932, aparece en la manzana 21, los lotes 72 al 75 que hoy ocupa el campo deportivo, la Escuela Primaria Lázaro Cárdenas y la Agencia Municipal.
En otro de los renglones dice que la Dirección de Patrimonio del estado se encuentra regularizando este inmueble, que pertenece al Gobierno del Estado y es para uso público, por lo que se desconoce a cualquier persona particular que diga ser copropietario o propietario del inmueble, pues es un bien público.
Es falso que particulares que se dicen ser los copropietarios se encuentren en posesión del inmueble, los 56 individuos que se dicen ser copropietarios del campo dicen tener escrituras, pero no existe ninguna escritura pública, se hace notar que en ningún momento mencionan un numero de inscripción en el Registro Público de la Propiedad, finalmente el escrito que se hizo llegar acompañado de un número de firmas, exigen a la presidenta municipal de Rafael Delgado, defienda los vienen públicos y actué a favor de los vecinos del Fundo Legal de la Congregación, no en beneficio de unos cuantos.
Sobre este asunto el encargado del campo deportivo Marcelo Castillo, dijo que el obtener este importante documento ante el juzgado segundo de primera instancia es el resultado de un trabajo de diez años, que se trató para legalizar el predio en cuestión, por lo que en un momento dado se va a respetar la expresión pública de un grupo minúsculo de ciudadanos, y si en un momento dado ellos demuestran con documentos tener la razón, incluso si hubiera otra autoridad que determinara que dicho documento no tiene validez, pues adelante, indicó.
