Las diputadas y diputados de la LXIV Legislatura aprobaron la nueva Ley de Víctimas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, lo que permitirá proteger y tutelar los derechos humanos de las víctimas.
El dictamen remitido por la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales fue aprobado por el Pleno en la cuarta sesión extraordinaria de este jueves y contó con 45 votos a favor por parte de diputados del PAN, MORENA, PRD, PRI y del grupo legislativo mixto Juntos por Veracruz y un voto en contra del diputado independiente Sebastián Reyes Arellano.
Este nuevo ordenamiento crea una nueva Comisión que contará con un mando unipersonal, que tendrá a su cargo designar a las personas responsables del Fondo de Ayuda, la Asesoría jurídica y el Registro Estatal de Víctimas. Destaca la actuación del Asesor Jurídico Estatal, como mecanismo para hacer valer los derechos de las víctimas y la cobertura de todos los procedimientos derivados de un hecho victimizante.
Reconoce como grupo vulnerable a los migrantes, personas en situación de desplazamiento interno, personas con discapacidad, periodistas y defensores de derechos humanos y establece que las víctimas, en casos urgentes o en aquellos en que las instituciones públicas no puedan brindarles la atención, podrán acudir a la ayuda de instituciones privadas, con cargo al fondo de ayuda correspondiente.
Integra el interés superior de la niñez, como principio rector de los similares que guían los mecanismos, medidas y procedimientos de ley.
La Comisión Ejecutiva será la encargada de otorgar, con cargo al Fondo Estatal que corresponda, los Recursos de Ayuda que requiera la víctima para garantizar que supere las condiciones de necesidad que tengan relación con el hecho victimizante, además de fortalecer el derecho de las víctimas a contar con un asesor jurídico en los casos en que no quieran o no puedan contratar un abogado o abogada, lo que incluirá su derecho a elegir libremente a su representante legal, situación que en muchas ocasiones le es negado a la víctima.
Cabe destacar que esta ley obligaría a las autoridades de todos los ámbitos de gobierno –en sus respectivas competencias- a velar por la protección de las víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral.
En un plazo de 150 días contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley las secretarías, dependencias, organismos del sector salud, educación y las demás obligadas; así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en el marco de sus competencias y fundamentos legales de actuación, deberán adecuar su normatividad conforme al Programa y el Modelo de atención a víctimas.
