*Legisladores y Gobernador, solo han simulado trabajar en la AVGM
Manuela V. Carmona
Orizaba, Ver.- El gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, ha incurrido en “Homicidio de Estado” al incumplir con las recomendaciones emitidas por la Secretaria de Gobernación (Segob) dentro de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Agravio Comparado (AVGM), señaló la integrante de la Coordinación Ejecutiva del Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio Patricia Bedolla Zamora.
Entrevistada antes de iniciar el foro de Jornadas por un Estado Laico, a organizaciones civiles de la región, realizada este domingo en la ciudad de Orizaba, expuso que aun y cuando un Juez Federal reconoció que existe una omisión legislativa a los derechos humanos de las mujeres de Veracruz y ordeno al Congreso del Estado a realizar las reformas al Código Penal que vienen establecidas en la alerta por violencia de género, hasta la fecha no se ha visto el trabajo por parte de los legisladores, por lo que los integrantes de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado podrían ser llevados a Juicio Político por desacato judicial.
“El Gobierno tiene hasta el 31 de octubre para cumplir o no, lo que se ha mandatado vía la recomendación de Segob y vía judicial a través de la sentencia de amparo; este amparo es histórico pues es la primera vez que un Juez Federal reconoce que hay una omisión legislativa, una violación a los derechos humanos de las mujeres de Veracruz”.
Refirió que el mayor problema en esta omisión, se localiza en los cientos de niñas de entre 10 y 16 años que han sido privadas del acceso a la Norma 046, cuando han sido víctimas de violencia sexual, generando una gran cantidad de embarazos no deseados entre menores de edad.
“La Norma Oficial Mexicana de Violencia Familiar, sexual y contra las mujeres, criterios para la prevención y la atención, conocida como Normal 046, prevé que todas las instituciones, dependencias y organizaciones del Sistema Nacional de Salud que presten servicios de salud deberán otorgar atención médica a las personas involucradas en situación de violencia familiar o sexual, proporcionando anticoncepción de emergencia para evitar embarazos, cuando las niñas han sido violentadas sexualmente”.
Explicó que los protocolos incluidos en esta normal, no están siendo aplicados por los servicios de salud del estado, pues de acuerdo al apartado 6.4.2.3. En caso de violación, las instituciones prestadoras de servicios de atención médica, deberán, de acuerdo a la norma oficial mexicana aplicable, ofrecer de inmediato y hasta en un máximo de 120 horas después de ocurrido el evento, la anticoncepción de emergencia, previa información completa sobre la utilización de este método, a fin de que la persona tome una decisión libre e informada.
