Benito Juárez Ramírez
Mixtla de Altamirano, Veracruz.- Están frenando la obra pública algunos conflictos de carácter legal promovidos por algunos abogados que buscan obtener dividendos económicos del ayuntamiento en comunidades indígenas de este municipio, afirmó la alcaldesa Dolores Amador Margarito.
Señaló que hay algunas personas que se dicen propietarios de los predios por donde se ejecutan caminos que sólo retrasan la ejecución de las obras al interponer denuncias en los juzgados, pero que finalmente no les asiste la razón jurídica.
La Alcaldesa ejemplificó el caso de Isauro Atlahua Zopiyactle, quien se dijo afectado de un predio en el poblado de Tlacotzinga, en este municipio, e interpuso el juicio de amparo 378/2016 en el Juzgado Décimo Sexto de Distrito, sin embargo, éste recurso legal no prosperó y las autoridades federales le concedieron la razón al gobierno municipal de Mixtla de Altamirano.
Expuso que «Mixtla es uno de los municipios más pobres en Veracruz y es obvio que la gente lo que quiere es obra, por lo que hay abogados que ponen obstáculos a través de acciones dilatorias en relación a las habilitaciones, por ello es que se suspenden, a la fecha las instancias correspondientes han resuelto y obviamente nosotros estaremos en consideración de que nos notifiquen y hacer el análisis de contestar y dar cumplimiento conforme a derecho, en el entendido de que ni Profepa ni el poder judicial o juzgado de distrito, ha protegido o tutelado derechos de esas personas», acotó.
Y precisamente el señor Atlahua Zopiyactle quien es arrendatario y no propietario del predio pidió la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y pide la remuneración, por el supuesto daño causado a un predio e interpone este proceso legal, toda vez que se comprobó que el dueño es otra persona que dio el permiso correspondiente con la condición de que se llevaran a cabo trabajos sólo de medición, ya que la obra se encuentra suspendida el estar en espera de una cuestión administrativa por parte de la dependencia normativa.
Sostuvo que la PROFEPA ha desahogado muchas diligencias correspondientes, pero a la fecha no ha podido determinarse un daño, quiero hacer mención que se trata de una situación de intereses que no obedecen a los hermanos indígenas, sino a un abogado de nombre Juan Ventura Zepeda que es la persona que desde hace algunos años ha estado usando a los habitantes para fines propios prometiéndoles cifras millonarias, aprovechándose de su ignorancia, exhibiéndolos en los propios escritos como «gente indígena», para sacar beneficios financieros de parte de los ayuntamientos».
