viernes, abril 26, 2024
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Pluma Negra

Por: Ignacio Álvarez

Coyotes cobran por placas
Grupo MAS en la tablita
Perdonan a los malenos

Algo sucede en las oficinas de Hacienda del Estado con la entrega de placas nuevas, el programa que se ha negado como recaudador y se maneja opcional, ahora se ve impactado por coyotes o delincuentes, que cobran 300 pesos en efectivo antes de pasar a recoger las placas.

Las denuncias públicas en redes sociales de las oficinas de Hacienda Local de Orizaba, Veracruz, Boca de Río y otros municipios pequeños, se multiplican y es necesario que la autoridad intervenga, ya que los empleados de Hacienda simplemente ignoran las quejas de los contribuyentes por temor o complicidad.

El llamado es para que las fuerzas del orden hagan presencia en las afueras de esas oficinas, donde hombres sin uniforme ni identificación abordan a las personas que acuden por sus placas, con sus recibos pagados en los bancos y que son obligados a pagar 300 pesos extras en efectivo, a cambio de las placas.

Así que los tenedores de autos que decidan cambiar las placas de manera opcional u obligatoria por cambio de propietario, deberán disponer de 300 pesos extras, además de lo que pagan de manera oficial y con recibo en las finanzas estatales, una mala reputación en el sector de las contribuciones para la administración estatal.

Grupo MAS en la tablita

Los abusos que durante los últimos tres años han cometido los directivos del Grupo MAS con la complacencia del órgano rector que depende del ayuntamiento de Veracruz, en contra de los miles de usuarios de agua potable sometidos al monopolio de la empresa filial de la desprestigiada firma brasileña, Odebrecht, parece que llegarán a su fin muy pronto.

De hecho, ya fueron otorgados algunos amparos por jueces de Distrito, y sobre estos están trabajando para lograr retirar la concesión al Grupo MAS que obtuvieron por 30 años, sustentados en incumplimiento de las obligaciones y abusos en contra de los usuarios. Se agrega la denuncia de contaminación del mar con aguas residuales, que tienen la obligación de tratar y que no lo hacen, al contrario, vierten las aguas a la zona costera, sin el menor recato ni sanción.

Uno de los amparos es contra el corte ilegal del suministro del agua, ya que se viola el derecho a la vida y a la salud de las personas, y el otro es la demanda de amparo colectiva por parte de 50 ciudadanos de Veracruz contra el título de concesión que se otorgó a este organismo, para concesionar el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

Los quejosos esperan la admisión de las pruebas presentadas contra Grupo MAS y que comprueban que no existe agua potable, por el contrario, es agua sucia y no apta la que suministra este organismo, además tampoco cumplen con el saneamiento de las aguas negras, porque las plantas de tratamiento arrojan al mar millones de litros de aguas residuales, sin que ninguna autoridad los regule o sancione.

Las quejas de los usuarios se multiplican, sin embargo pocos cuentan con la suficiente asesoría o capacidad financiera para realizar denuncias formales o amparos para que se aplique la rescisión de la concesión que obtuvo de manera dudosa, durante el sexenio de Javier Duarte, todavía en una sociedad con Aguas de Barcelona, que un año más tarde deshizo Odebrecht, para quedarse con el negocio completo a pesar de su pésima reputación, relacionada siempre con la corrupción.

Perdón a los malenos

Hace unos días, la Comisión de Honestidad y Justicia de MORENA expulsó a los Diputados Locales de Veracruz, Agusto Nahúm Álvarez Pellico, Jessica Ramírez Cisneros y José Magdaleno Rosales Torres, los cuales emitieron críticas hacia otros miembros encumbrados de ese partido.

En el expediente CNHJ-VER260/19 se consignó la salida de los tres legisladores locales, con el argumento de que violaron reglas internas por conformar la fracción mixta, “Juntos Haremos Historia” en el Congreso de Veracruz y también debilitaron al partido “A la hora de deliberar propuestas en la LXV Legislatura”, sin embargo, los estatutos contemplan el perdón, si se arrepienten en un lapso de tres meses.

Es decir, los hijos desobedientes podrán regresar a casa como el perro arrepentido, pero deberán prometer que no se volverán a portar mal y menos en contra de los propios correligionarios.

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