Pluma Negra

PLUMA NEGRA
Por: Ignacio Álvarez

Corren e investigan a Liaño

Investiga Fiscalía a Rosales

Moches en el Congreso Local

Francisco Liaño Carrera, El Arquitecto, fue despedido por el Consejo de Administración de la APIVER, como Gerente de Ingeniería, cargo que ostentó más de una década y donde se presume su enriquecimiento, pero su salida no significa impunidad, sino todo lo contrario, le pidieron la renuncia para que no sea un obstáculo en las revisiones que realiza la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La Dirección General de la APIVER, pidió la renuncia de Liaño Carrera, quien presumía padrinos y madrinas por todos lados que lo sostenían cuando se le complicaban las cosas, y asumía el papel de plañidera para que lo ayudaran, ahora tendrá que buscar abogados e influencias de un Diputado Federal al que benefició con información y obras en el Puerto.

A diferencia del Ex Director de la APIVER, Juan Ignacio Fernández, que salió por la puerta grande, Liaño sale por la puerta trasera, con la colota entre las patas y expuesto a que le revisen a fondo actos como tráfico de influencias, incumplimiento de un deber legal y empresas fantasmas.

A principio de la semana, los miembros del Consejo de Administración votaron en su mayoría por la salida del lastre llamado Francisco Liaño, mientras que la autoridad federal de fiscalización realiza su trabajo para deslindar responsabilidades y en su caso aplicar la ley. Y es que desde el Órgano de Control Interno y desde la Secretaría de la Función Pública, se acumulan los expedientes de actos irregulares del exfuncionario.

Todavía hace unos días envío a un mensajero a este periodista para amenazar, que le bajara a la crítica y la evidencia de los presuntos actos de corrupción que protagonizó en la dependencia federal como Gerente de Ingeniería. El miedo a que se desnuden sus actos para sangrar al erario público, lo llevó a amenazar, pero no son los medios críticos los que cometieron abusos, fue él y debe ser sancionado.

Investiga Fiscalía a Indira Rosales

Si bien cuenta con fuero, la Senadora panista Indira Rosales San Román, ya no cuenta con la protección del ahora prófugo Jorge Winckler Ortiz, quien estaba al frente de la Fiscalía General del Estado, para impedir que avance la denuncia en su contra, por desviar recursos de los programas destinados a la pobreza con fines electorales, para una fracasada campaña para herencia de la gubernatura.

Y es que una vez llegada la administración de la 4T, se presentaron dos denuncias directamente contra Indira Rosales, por haber contratado empresas fantasma para comprar software que nunca apareció y otra empresa dedicada a la venta de computadoras en la Ciudad de México, a la que le contrató la renta de camionetas.

Ante esto, el Ex Fiscal Winckler Ortiz, determinó un acuerdo donde protegía a Indira al mandar al sótano esa carpeta de investigación y prácticamente impedía que se investigara al respecto, ahora se revocó ese acuerdo y la carpeta no sólo se reabrió, sino que ya está en integración, y dicen es una de las más avanzadas contra el gobierno yunista.

Moches en el Congreso Local

Con la Ley de número 248 de Comunicación Social para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, aprobada en mayo pasado, la administración estatal endureció las políticas para contratar a los servicios de los medios de comunicación desde las oficinas de los tres poderes. Esto ya generó corrupción en el Congreso de Veracruz.

En su artículo 5 establece los ejes rectores de observación. Fracción IV, establece; Transparencia y máxima publicidad, garantizándose el acceso a toda información relacionada con la contratación y manejo de recursos públicos destinados a la comunicación social de los entes públicos, conforme a lo dispuesto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley de Transparencia y otras disposiciones aplicables.

Y en la fracción V. Solicita honradez en el manejo de recursos públicos conforme a las leyes y otras disposiciones aplicables, sujetándose a criterios de calidad y cumpliendo los propósitos de la comunicación social.

Pero al menos en el Poder Legislativo las cosas son distintas, el empleado de Comunicación Social, el vival Rafael Fernández Azcoitia, quien está en el área Jurídica de Comunicación Social, ha sido señalado por media docena de empresarios del periodismo de pedir moches de hasta el 50 por ciento de los convenios institucionales.

El sujeto es además aviador de la SEV, con la complacencia de las autoridades de esa dependencia, y en el Congreso se ha dedicado a medrar como intérprete de la indescifrable ley que requisita inverosímiles documentos a los proveedores, con el único fin del desistimiento, pero Rafael ofrece sus habilidades para destrabar los convenios a cambio del 50 por ciento.

Algunos de los propietarios de los medios de comunicación no les ha quedado más que aceptar las condiciones, pero otros de plano se han negado y denunciado al extorsionador oficial de Comunicación Social del Congreso del Estado.

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