jueves, marzo 28, 2024
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Evangélicos buscan anular ley que permite el aborto


Manuela V. Carmona

Orizaba, Ver.- Apostados en el exterior del Palacio Municipal de Orizaba y con carteles en mano, representantes de Iniciativa Ciudadana AC, pastores de la Iglesia de la Ciudad y líderes de organizaciones de la sociedad civil a favor de la vida, manifestaron su rechazo a la reciente despenalización de la interrupción del embarazo en Veracruz, pues aseguran no apoyarán la muerte de inocentes.

En voz del dirigente de Comunidad Familia y Cultura (Cofacu) Asociación Civil (AC), René Olivares Contreras, lamentaron que para esta ley ni siquiera tomaron parecer a la gente con una consulta, como se supone prometió el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

“El día jueves 15 de julio del 2021, la diputada local Mónica Robles Barajas, integrante del grupo Legislativo del Morena, aprovechando el ambiente de manipulación mediática, presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de decreto para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de embarazo, y el 20 de julio presentó la reforma legal sobre el mismo, a espaldas de todo el pueblo veracruzano, sin consenso».

Dijeron que esta decisión de los diputados locales no es legal, porque la Constitución protege la vida desde la concepción y hasta la muerte natural, por lo que acudirán a los tribunales correspondientes para anularla pues es improcedente, ya que la Constitución del estado de Veracruz protege la vida desde la concepción, mientras que la legisladora del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) propuso reformar el código penal para que las mujeres puedan terminar con la vida de sus hijos, mientras aún están en sus vientres

«En México, el techo de la ley es la Constitución, y ninguna ley secundaria está por encima de la Constitución, y si alguna la contradice entonces es ilegal. Tristemente, a unas horas de aprobarse su despenalización, el Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez publicó está ley, -que a toda vista es ilegal- en la gaceta oficial del estado, sin análisis jurídico, sin revisión presupuestal, sin pasar por la Comisión de Salud”.

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