Filias y fobias… del Poder.- Por Miguel Angel Rueda-ruiz. Tres décadas de Comunicación Social en Veracruz (I Parte)
– Del despilfarro arbitrario a la ineficaz negligencia
– El “refrito” veracruzano de la LGCS no podrá aplicarse en 2019
La operatividad de la Comunicación Social en Veracruz durante las tres décadas recientes cruza de la discrecionalidad, despilfarro y abuso a la subordinación, negligencia e ineficacia. Con leves destellos de talento y honorabilidad.
En tres décadas, la Comunicación Social navega de la mediocracia y los “chayos” a un refrito local de la “Ley Chayote” para regular la contratación de medios de comunicación y cumplir con el precepto constitucional de “máxima difusión”.
De Dante Alfonso Delgado Rannauro a Cuitláhuac García Jiménez y de Juan Antonio Nemi Dib a Iván Joseph Luna Landa, la responsabilidad de la comunicación institucional transita sobre vacíos jurídicos que afectan a empresas y sus trabajadores.
De 1989 a 2019 la responsabilidad de comunicar y difundir las tareas de gobierno pasará de una autonomía que cayó en la arbitrariedad y la soberbia a una subordinación que tendrá en una “secretaría administradora” al Gran Elector y al Gran Censor.
De armonizarse, homologarse, tropicalizarse o “refritearse” en Veracruz la Ley General de Comunicación Social (LGCS) que entró en vigor en 2018, el área de Comunicación Social será una extensión subordinada a la Secretaría de Gobierno.
En cascada – pero sin sentido jurídico, fuera de tiempo y engrosando la burocracia- en algunos municipios se espera la aplicación de la misma normatividad.
En 2019, en Veracruz, la “armonización” o “refriteo” de la normatividad federal y la creación del Sistema de Información de Normatividad de Comunicación es falacia para alargar la presentación de una Estrategia de Comunicación Social, retrasar los lineamientos para la contratación de espacios así como la aplicación de la partida presupuestal en materia de Comunicación Social.
El argumento es falaz para su aplicación en 2019. Lo utilizan en el Congreso del Estado, en el Gobierno de Veracruz y en el Ayuntamiento de Xalapa.
El Presupuesto de Veracruz correspondiente a 2019 ya se aprobó. Los ajustes están en comisiones legislativas y en días serán avalados.
La “tropicalización” de la Ley General de Comunicación Social tardará más tiempo. No podrá regular, al menos en 2019, el presupuesto ya aprobado. A menos que incurran en desatinos jurídicos.
El 11 de mayo de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la LGCS y el 29 de enero se publicaron los “Lineamientos generales para el registro y autorización de los programas de comunicación social y de promoción y publicidad de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el ejercicio fiscal 2019”.
La partida presupuestal federal para el ramo de Comunicación Social aprobada asciende a 4 mil 258 millones de pesos. La normatividad para la operación del Plan Anual ya se delimitó y los lineamientos han sido publicados.
La ruta federal está cubierta.
La ruta jurídica estatal no existe.
Los planes de Comunicación Social del Legislativo y del Ejecutivo así como de los Municipios deben aplicarse bajo los criterios que decidan y con las empresas que más les convengan.
En circunstancia contraria incurrirían en violaciones a la normatividad vigente.
En treinta años la Comunicación Social de Veracruz pasó de la tecnología analógica a la cibernética; de la alternancia a la Cuarta Transformación; de la mediocracia a las mipymes-periodísticas.
Algunos de los responsables de la Comunicación Social pasaron de la escasa formación profesional y experiencia al cargo de Coordinador. Se transmutaron de contestatarios y activistas sociales a burócratas soberbios e ineficientes.
En estos 30 años, tres ex coordinadores de Comunicación Social pisaron la cárcel. Sabas Huesca Rebolledo, Gina Domínguez Colío y Juan Antonio Nemi Dib.
La normatividad plantea cruzar de la discrecionalidad y opacidad a la Transparencia, Rendición de Cuentas y Evaluación de Resultados.
Sin embargo, en esta fecha, para los gobiernos y poderes de Veracruz el marco jurídico de la Comunicación Social no existe. El reloj legal avanza inexorablemente. El daño de la soberbia y la desfachatez va en aumento.
Por Miguel Angel Rueda-ruiz
