Magdalena, Ver. – La alcaldesa de Magdalena, Fortunata Zepahua Tequihuactle, no aceptó la recomendación 73/2019 que emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a finales del año pasado, que la condena a garantizar el pago de una justa compensación a un joven indígena que fue baleado por policías municipales que hasta la fecha están activos.
Los hechos sucedieron en septiembre de 2018, cuando el joven Jonathan «N» apenas tenía 17 años, y hoy está esclavizado en una silla de ruedas.
El documento dice textualmente, “El H. Ayuntamiento de Magdalena tendrá que garantizar el pago de una justa compensación derivado de las violaciones a derechos humanos, cometidas en su contra, considerando los gastos médicos sufragados por la víctima y sus familiares, así como todos aquellos generados a consecuencia de la violación a los derechos humanos sufrida”.
Puntualiza, a la víctima “se le debe dar atención médica, psicológica especializada, así como el suministro de los medicamentos y terapia de rehabilitación o cirugías que requiera para reparar los daños causados a consecuencia de la violación a los derechos humanos”.
Entrevistado al respecto, el delegado étnico en Zongolica de la CEDH, Jácome Norberto Lara García, expresó, “el ayuntamiento de Magdalena, Veracruz no aceptó la recomendación 73/2019 que emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos en contra de los policías municipales por haber violado los derechos fundamentales de un quejoso, a éste se le va a sugerir para que interponga el recurso de impugnación; una vez que se reciba se turnará a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que sea esta instancia quien determine o le exija al Estado, el cumplimiento de esta recomendación”.
“Al parecer los servidores públicos señalados como responsables continúan activos, nosotros sólo hacemos nuestro trabajo; ya se emitió la recomendación porque se comprobó la violación a los derechos humanos de esta persona, al no ser aceptada, lo que sigue es el recurso de impugnación y en 30 días, el quejoso puede interponerlo, y una vez que lo tengamos lo remitimos a Xalapa a oficina centrales y, a su vez, ellos lo remiten a la CNDH, para que se determine el cumplimiento de esta recomendación, puede tardar unos meses, pero al final de cuentas se va a determinar a nivel federal el por qué no se le da cumplimiento a esta recomendación que fue emitida a finales del 2019”.
