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Por: Itzel Loranca
La aportación de recursos al programa de conservación “Salvemos al Pico de Orizaba”, detenido desde 2014, es uno de los grandes pendientes del Grupo MAS, a casi un año de haber comenzado a operar el servicio del agua en la ciudad de Veracruz.
La empresa pública privada Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (Grupo MAS), aseguró a ejidatarios e integrantes del programa “Salvemos al Pico de Orizaba”, que devolvería en junio todo el dinero que su antecesora cobró a los usuarios del servicio pero que nunca entregó.
El programa ciudadano nacido en los municipios de Veracruz y Boca del Río, para beneficiar al parque nacional que alimenta de agua a seis ríos en la entidad veracruzana, no recibe fondos desde el 2014.
Hasta el 20 de julio de 2016, Ricardo Rodríguez Demeneghi, coordinador del programa, afirmaba que el adeudo de la empresa pública era de 4.5 millones de pesos. Casi un año después, ha dejado de llevar la cuenta.
“Se han manejado diferentes cifras, pero a cada momento cambian las reglas del juego”, expresó, al recordar que a principios de 2017 Grupo MAS afirmó que el programa tenía que constituirse como asociación civil para recibir el dinero recaudado para el Pico. Luego se comprometió a firmar el convenio de colaboración y entrega de recursos, “pasando las elecciones”.
“Ya pasaron las elecciones, ya pasaron las impugnaciones, ahora vamos a esperar que nos digan qué es lo que procede”, dijo Ricardo Rodríguez.
El programa, se trata de la aportación voluntaria del uno por ciento del costo del agua y saneamiento, que miles de usuarios continúan encontrando en su recibo como “Pago por Servicios Ambientales”. El cobro comenzó a realizarse por el extinto Sistema de Agua y Saneamiento (SAS) Metropolitano, en 2008.
Desde el otro lado del teléfono, el coordinador comentó que “Los programas no se pueden llevar a cabo mientras no haya recursos económicos. Un programa, un proyecto sin dinero, es un proyecto encausado al fracaso”.
El cultivo de plantas y semillas para reforestar el volcán Pico de Orizaba se encuentra detenido, explicó. Al mismo tiempo que las labores de reforestación y prevención de incendios disminuyeron, la producción de huacales de madera prosperó.
La tala legal e ilegal para la construcción de las cajas que transportan frutas y verduras, se ha vuelto la principal fuente de ingresos en la región. Atrás, quedaron los días en que los pobladores de los ejidos encontraban su sustento cuidando el bosque del volcán.
En junio de 2015 el convenio por el que se pagaba a las familias de la zona por el mantenimiento de las plantas y construcción de brechas cortafuegos, fue cancelado por el SAS.
“Somos damnificados del SAS”
“Son gente de muchísimo positivismo, de muchísimo cariño al bosque, pero también de necesidades económicas que cubrir y solventar”, describió Rodríguez Demeneghi a quienes viven en los ejidos Nuevo Jacal, Nuevo Vaquería, y San Miguel Tlacoteapa.
En concreto, 286 familias que se veían beneficiadas con empleos temporales en la conservación del bosque desde el 11 de octubre de 2011, cuando el SAS y la Comisión Nacional Forestal (Conafor) firmaron un convenio.
La “Colaboración para Promover Mecanismos Locales de Pago por Servicios Ambientales a través de Fondos Concurrentes” finalizó el nueve de junio de 2015. Pero varias personas aún auxilian, sobre todo, en el combate a incendios.
Ricardo reconoció que no se paga a las personas que contribuyen a la conservación, restauración y prevención de siniestros, “pero hay mucha honestidad y ellos saben cómo se están moviendo las cosas”.
Por ello, en abril de este año, en un acuerdo de todos los ejidatarios, decidieron acceder a constituirse como asociación civil, cumpliendo con la condición establecida por el Grupo MAS y el Instituto Metropolitano del Agua (IMA) para que reciban los recursos que les corresponden.
“Nosotros somos damnificados del proceso del SAS”, afirmó Ricardo Rodríguez, sobre el organismo que fue extinto por los gobiernos municipales el 16 de julio de 2016 entre señalamientos de desvío de recursos y operación con números rojos.
El SAS fue reemplazado ese mismo día por un organismo público privado, actualmente integrado por el paramunicipal IMA, el Ayuntamiento de Veracruz y el consorcio Grupo Ambiental Pro Veracruz.
El consorcio nació de la alianza de las trasnacionales Interagbar de México y Odebrecht Ambiental, y su resultante Grupo MAS. Sobre él han pesado críticas a causa del juicio por corrupción que enfrenta la empresa Odebrecht en Brasil, en el que se han revelado sobornos de la compañía a varios gobiernos, como el mexicano,
Sin embargo, Grupo MAS continúa prestando el servicio, aunque de manera intermitente.
El 19 de junio, interrumpieron el agua en varias colonias de la ciudad de Veracruz por reparaciones en una planta de agua potable. En total, un 40 por ciento de los usuarios del servicio se vieron afectados durante todo el día. Una situación que se ha vuelto cotidiana para las familias de la zona costera.
El coordinador del programa “Salvemos al Pico de Orizaba”, señaló que la ausencia de agua potable en calidad y cantidad, se agravará si continúan detenidas las labores de reforestación en el volcán.
De los dos glaciares que sobreviven en la montaña, solo el “Del Toro” está completo. El “Jamapa”, que provee agua a los ríos Jamapa, Blanco, Cotaxtla, Metlac y Orizaba, permanece en un 45 por ciento.
“Si se paran las actividades de restauración arriba, se miran las consecuencias abajo”, expresó Ricardo Rodríguez y agregó “Hay muchos factores que los podemos traducir en abrir tu llave y que no caiga agua, pero eso es un universo de acciones cuyos resultados los estamos viviendo”.
