Ignacio Álvarez
Enemigos de la economía
Oxígeno a la consulta
Un grupo de trabajadores irresponsables y disidentes dentro del gremio sindical STIASRM que mantienen una ilegal “huelga” con el bloqueo al ingenio azucarero La Gloria, ha provocado un terrible daño a la economía regional que generan más de siete mil productores de caña, las consecuencias elevan su impacto con el factor de la pandemia del Covid.-19 y porque esa factoría surte de millones de litros de alcohol a la industria farmacéutica nacional.
Se trata de unos 100 trabajadores en su mayoría temporales y eventuales, encabezados por Benito Martínez Flores, desde hace tres semanas tomaron de manera ilegal los accesos de personal y no dejaron ingresar al grupo de trabajadores de planta y regulares que se encuentran en el sindicato que encabezan de manera formal y legal, Fernando Romero, Javier Lara y Francisco Díaz.
A pesar del impacto en la economía popular de la región y de las denuncias formales, hasta ahora ninguna autoridad se ha presentado en el lugar para tomar cartas en el asunto y resolver la situación en el marco de la ley, ante las infundadas demandas, el Ingenio La Gloria establece que, “del supuesto pago de 20 millones de pesos adicionales a la PTU (reparto de utilidades) que pide este grupo disidente de la Sección 20, no existe el compromiso de la empresa, ni base legal alguna en el Contrato Ley de la Industria Azucarera y tampoco en la Ley Federal del Trabajo, del pago de un bono por este cantidad”.
Hasta ahora, el Ingenio La Gloria, es una empresa que actúa apegada a la ley, cumple cabalmente con las disposiciones en materia fiscal, Seguro Social e Infonavit, así como con el Contrato Ley, negociado y firmado con el Sindicato de Trabajadores Azucareros y Similares de la República Mexicana (STIASRM), que encabeza el secretario general Ángel Ponce.
La empresa aclara que los bonos de productividad, independientes del salario y las prestaciones, así como la Participación de Utilidades (PTU) han sido pagados en tiempo y forma a los trabajadores en este año de 2020 se pagó un monto superior al 20 por ciento más, respecto al año pasado.
Por la economía de la región y por la legalidad, la empresa pide la intervención del Gobierno de Veracruz y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que encabeza, Luisa María Alcalde.
Oxígeno a la consulta
Las mesas de consulta pública para enjuiciar a los ex presidentes de México, convocadas por la 4T y que aspiran a un 40 por ciento de participación ciudadana no levantan, al menos en el estado de Veracruz, es por eso que desde las dependencias del gobierno se obliga a los directivos y funcionarios a entregar listas de credenciales de elector con firmas para tratar de alcanzar la meta.
En el sector educativo las escuelas de nivel Medio Superior y Superior como son bachilleratos y tecnológicos, cada funcionario debe entregar esta semana 300 credenciales con firma, de lo contrario se les advierten sanciones severas.
En el COBAEV todo parece indicar que la dirigente de ese sindicato, Erika Ayala Ríos se resiste a hacer esa aportación para que enjuicien a su distinguido Enrique Peña Nieto y el personal sindicalizado con cargos directivos se resiste a la instrucción que vienen desde arriba.
En las universidades y tecnológicos se aplicó la estrategia de descuento a los alumnos de nuevo ingreso a cambio de su credencial de elector y su firma, una insana estrategia para tratar de salvar la consulta pública que, al margen de la ley, pretende justificar un juicio a los expresidentes.
La legislación mexicana es muy clara, existen las instituciones para denunciar, investigar y sancionar en su caso a los responsables de la comisión de delitos en cualquiera de los ámbitos, en México no existe de manera legal la aplicación de consultas públicas para enjuiciar personas.
