Veracruz: Cobros ilegales y administración fraudulenta de la UPAV

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Hilario Barcelata Chávez

La Universidad Popular Autónoma de Veracruz únicamente reporta en Cuenta Pública, los ingresos que recibe del gobierno del estado. Sin embargo, los ingresos de esta universidad son enormemente superiores y esos no aparecen publicados en ninguna parte. La UPAV es un claro ejemplo de la total opacidad.

1.- Los ingresos reales de la UPAV

La UPAV cobra a sus alumnos diversas cuotas que le representan importantes ingresos. Los estudiantes de bachillerato, pagan una colegiatura de 3,000 pesos al año. Los alumnos de licenciatura pagan 26,000 pesos al año, los de maestría pagan 19,800 pesos y los de doctorado pagan 20,400 pesos al año.

La universidad tiene 32,353 estudiantes de bachillerato, de acuerdo el rector de esa institución, según un comunicado de prensa del 6 de Octubre de 2015. En licenciatura hay alrededor de 30,615 alumnos y 150 en maestría (de acuerdo con el “Anuario estadístico de la ANUIES. 2014-2015”) y se estiman aproximadamente 50 alumnos en nivel de doctorado.

de acuerdo con el Anuario estadístico de la ANUIES, en 2014-2015.

Con estos datos se puede hacer una estimación que permite observar que en los últimos cinco años, esta universidad ha obtenido, por pago de colegiaturas de bachillerato, por lo menos, 485 mdp. En licenciatura ha obtenido 918.4 mdp, en maestría 14.8 mdp y en doctorado, 5.1 mdp. Además de otros ingresos que no es posible estimar, como pagos por cuotas por titulación, cédula profesional, cursos en línea para ingreso a bachillerato, etc. Es decir, en 5 años ha recibido un ingreso estimado de 1,423.7 mdp, que ninguna autoridad ha fiscalizado, y que los veracruzanos no sabemos cómo se ha utilizado.

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2.- Los cobros ilegales de la UPAV

También hay que señalar que estas cuotas que cobra la UPAV a los alumnos, no tienen ningún fundamento legal, porque un Organismo Público Descentralizado (como lo es esta institución) sólo puede recaudar “Derechos”, que son contribuciones que se cobran por la prestación de un servicio y deben estar incluidos en el “Código de Derechos del estado de Veracruz”. Pero las cuotas de la UPAV no están en este código, ni en ninguna otra ley del estado de Veracruz, por lo tanto son cobros ilegales. Sólo para aclarar un poco más, considérese que los cobros que realizan los Institutos y las Universidades tecnológicas del estado, si están incluidos en el código mencionado y así deberían estar los de la UPAV.

Por otra parte, hay que señalar que estos pagos que hacen los alumnos, contravienen la Constitución del estado, toda vez que en su artículo 10º señala que la educación debe impartirse de forma gratuita y contravienen también el Código de Derechos, que en su artículo 4º, párrafo tercero, prohíbe todo pago por la prestación de servicios educativos por parte del Estado.

3.- Ilegal administración de los ingresos y del patrimonio de la UPAV

Indebidamente, los ingresos que percibe la UPAV son recaudados y administrados por el Patronato “Alianza para el Fomento del Aprendizaje, A.C.” cuyo presidente es el profesor Teodoro Couttolenc Molina. Indebidamente también, este asociación, es la que ejerce el gasto de la universidad. Indebidamente porque se trata de una organización privada, y ninguna ley otorga facultades a una organización privada, para que administre, como negocio privado, los ingresos y gastos de una institución pública y mucho menos sin rendir cuentas. Tal como puede en la gráfica tomada de la Cuenta Pública 2014, la UPAV reporta en ceros los rubros de “Ingresos de gestión y el de “Otros ingresos y beneficios”.

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En este sentido existen observaciones muy graves elaboradas por el ORFIS, mismas que constan en el Informe de la Cuenta Pública 2014, donde “se le solicita al Patronato “Alianza para el Fomento del Aprendizaje, A.C., rinda informes respecto de los ingresos y gastos derivados de las aportaciones de los estudiantes, para que tengan un efecto contable patrimonial en la situación financiera de la Universidad” (Recomendación RP-066/2014/005). Es decir, el Patronato debe reportar los ingresos que recibe porque forman parte del patrimonio de la institución.

Asimismo se le solicita a la UPAV, emitir la totalidad de la información financiera y publicarla en su página de internet, de acuerdo a lo que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental (Recomendación RP-066/2014/011 y la RP-066/2014/013).

Evidentemente, la UPAV no ha cumplido con ninguna de estas dos importantes recomendaciones y sigue en la total opacidad.

4.- La UPAV. El miedo a rendir cuentas

El miedo a rendir cuentas y someterse a una fiscalización profunda que podría demostrar que la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) se ha manejado al margen de la ley, es la causa por la que el gobernador ha enviado una iniciativa de ley, para modificar la forma en que se constituye la Junta de gobierno, y el modo en que se elige al rector.

La iniciativa de reforma a la ley número 276 que regula a la UPAV, intenta eliminar de la Junta de Gobierno, a quienes la constituían originalmente que son: el gobernador del estado, que actualmente es el presidente de la junta y los titulares de las siguientes secretarías: de Educación, de Gobierno, de Finanzas y Planeación y de Salud, y al Presidente de la comisión permanente de Educación y cultura del congreso del estado.

La iniciativa propone que ahora la Junta de gobierno se componga “…por cinco miembros electos de entre los académicos de esta Casa de Estudios… los cuales durarán en su encargo tres años y podrán ser reelectos por un solo período más”.

De esta manera, el actual rector tendría el control absoluto sobre la Junta de gobierno, porque, el artículo tercero transitorio de esta iniciativa indica que el Consejo Técnico Académico, designará a los miembros de la primera Junta de Gobierno, a propuesta del Rector.

De manera que los miembros de la Junta de Gobierno serán personas incondicionales al Rector, lo que permitirá a este actuar arbitrariamente y manejar la institución a su antojo y garantizar su reelección dentro de cuatro años, porque es la Junta de gobierno la que tiene la facultad de nombra al rector.

La fiscalización y rendición de cuentas de la UPAV podría acabar con un jugoso negocio privado que ha degradado la educación superior.

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